Masterclass del fin del mundo

conflictos sociales en Brasil durante la pandemia

Por un grupo de militantes en la neblina

marzo de 2022¹

“Brasil no es un terreno abierto donde pretendemos construir cosas para nuestra gente. Tenemos que deconstruir mucho. Deshacer mucho. Entonces podemos empezar a hacerlo. Que sirva para que al menos pueda ser un punto de inflexión”. Con estas palabras abrió Jair Bolsonaro la cena ofrecida por la embajada de Brasil durante su primera visita a Washington en marzo de 2019.²

Exactamente un año después, se confirmó la primera muerte por covid-19 en Brasil. El panorama apocalíptico que anunciaba la noticia de la pandemia en el exterior contrastaba todavía, aquí, con la continuidad inalterada de la rutina. El contraste de la escena creó una atmósfera de aprensión, que se hizo más fuerte cada día. El hacinamiento obligatorio en lugares de trabajo cerrados, como fábricas, centros comerciales y oficinas, así como autobuses y trenes invariablemente abarrotados, proporcionaron la imagen desgarradora de la propagación de una enfermedad aún desconocida. Fue en una empresa de telemercadeo en Bahía donde la tensión rebasó por primera vez: los operadores abandonaron sus puestos y salieron a las calles exigiendo medidas de cuarentena. En pocas horas, la escena se replicó en call centers de Teresina, Curitiba, Goiânia y otras ciudades del país. Los videos de los paros, que se viralizaron en grupos de operadores en WhatsApp y Facebook, indicaban una solución muy concreta a esa situación desesperada: ¡literalmente, irse!³

El coronavirus dio aires premonitorios a los términos de la carta anónima – más precisamente un “último grito de auxilio” – que los empleados de una cadena de librerías habían lanzado en febrero de 2020, tras una abrumadora sesión de acoso. Es sintomático que, incluso antes de la pandemia, calificaran la experiencia al interior de la empresa como una “masterclass del fin del mundo”. Pero “el gran problema del fin del mundo”, concluyeron, “es que alguien tendrá que quedarse para barrer”⁴. De hecho, cuando nos vimos ante una calamidad biológica, pocas semanas después, los “empleos de mierda” continuaron la toma de rehenes⁵ para mantener el negocio al día.

La comparación de los centros de telemercadeo con las senzalas [alojamientos de esclavos] y las prisiones, tan común en el repertorio de bromas de los operadores, encontró ahora una brutal confirmación. Para muchos de ellos, huir del trabajo⁶ aparecería como último recurso para no morir en el centro de atención. A pesar del decreto presidencial, que incluyó al sector entre los servicios esenciales poco después de los paros, lo que se vio en las siguientes semanas fue un vaciamiento de los call centers. Mientras muchos trabajadores comenzaron a presentar certificados médicos (reales o fraudulentos), a ausentarse sin justificación o a pedir la baja, las empresas respondieron con soluciones precarias de trabajo a distancia, vacaciones colectivas y despidos.⁷ La presión de las protestas se diluyó en la desagregación que ya era tendencia en el ramo y se aceleró con el virus.⁸

Tan rápido como la pandemia erosionó las condiciones laborales en las más diversas áreas, la vida se fue acomodando a la “nueva normalidad”. Entonces vimos a los trabajadores regresar del lay-off para exponerse a la infección, pero agradecidos de tener un empleo aún, en un escenario de cierre de fábricas; profesores que cuestionaban el aprendizaje a distancia pasaron a participar de manera proactiva en la nueva rutina; a buena parte del remanente de la avalancha de despidos, en el sector servicios, someterse al programa de reducción de jornada y salario, diseñado a pedido del gobierno federal (aunque, en la práctica, la jornada laboral en la empresa no cambió). Y si las huelgas de choferes y cobradores de autobuses se hicieron cada mes más frecuentes en todo el país durante 2020, es porque era la única vía que quedaba para garantizar salarios en un contexto de reducción de pasajeros y crisis del sector.⁹

El poder destructivo del coronavirus se combinó, aquí, con la ola de devastación que ya estaba en marcha. Salida de emergencia desencadenada por el capital en respuesta a la revuelta social que estalló en 2013, este “movimiento de destrucción de fuerzas productivas” encontró en las elecciones de 2018 una personificación en la figura incendiaria de un capitán retirado.¹⁰ En la imposibilidad de gestionar la crisis, es la crisis la que se convierte en un método de gestión. Donde se podría haber visto un gobierno ineficiente, nuestro autoproclamado agente de la deconstrucción revela una eficiencia negativa: el caos ya es un método¹¹ y “no gobernar es una forma de gobierno”¹². Al crear sistemáticamente obstáculos a las recomendaciones científicas para el control de la pandemia, Bolsonaro nunca fue propiamente un “negacionista”; por el contrario, “es más bien un vector del propio virus, su identificación con el virus es integral”¹³. “Soy capitán del ejército, mi especialidad es matar, no curar a nadie”, gritaba aún en 2017.¹⁴

En agosto de 2020, cuando Brasil se acercaba a la cifra de 100.000 muertes registradas por covid-19, las encuestas alertaban sobre otro índice preocupante, al revelar que menos de la mitad de la población en edad de trabajar estaba trabajando.¹⁵ Si la caída de la tasa de ocupación a los niveles más bajos de la historia reciente podría verse como una aceleración de la eliminación de los trabajadores desechables, bajo otros ojos, sin embargo, el mismo escenario devastador estaba produciendo algo nuevo… “Ya víamos en Brasil un escenario prometedor para esta nueva forma de trabajo y la pandemia hizo que más personas buscasen otras formas de realizar sus actividades y generar ingresos”, explicó el vicepresidente de expansión internacional de una aplicación utilizada por empresas para contratar freelancers en 160 países, que ahora llegaba a Brasil.¹⁶ Después del apocalipsis, ¿Uber?

Brasil está on¹⁷

“¡Queremos trabajar!”, reclamaron decenas de vendedores ambulantes, quienes, en febrero de 2020, invadieron las vías de la Estación Luz, en el centro de São Paulo, en protesta por la operación de la nueva empresa de seguridad tercerizada para reprimir a los vendedores ambulantes en los trenes – actividad que, según las reglas del ferrocarril, es irregular.¹⁸ En pocas semanas, con la llegada del nuevo virus, la misma consigna volvería a resonar en medio de las bocinas de caravanas convocadas por bolsonaristas para exigir la reapertura del comercio. Al oponerse a las políticas de aislamiento implementadas por alcaldes y gobernadores, Bolsonaro no solo satisfizo los deseos de los pequeños patrones jefes, sino que también jugó con la situación de “aquellos que dependen de la corrida diaria changueando para sobrevivir y no tienen otra perspectiva que la miseria frente a la pandemia”.¹⁹

Si la perspectiva de lucha que despertaba en los call centers no se generalizó, es porque la exigencia de la cuarentena no asumiría fácilmente aires huelga allí donde el trabajo hace tiempo que escapa de los límites físicos de la empresa. Entre las profesiones más cualificadas, la rápida transición al home office no tardaría en transformar el “quédate en casa” en una señal para trabajar el doble. Por otro lado, a medida que las calles se vaciaban, la misma consigna comenzó a sonar como una amenaza de pérdidas y hambre para quienes su sustento depende del movimiento diario de la ciudad: vendedores ambulantes, manicuristas, mozos, estacionadores, choferes, etc.

Las medidas de contención del coronavirus trajeron al centro del debate la condición de trabajo sin forma definida, informal, un embrollo político recurrente, pero fundamental en la composición de la economía capitalista en Brasil. Changas, soluciones parches, mingas y todo tipo de artimañas han compensado a lo largo de nuestra historia la precariedad de los servicios urbanos y de las infraestructuras necesarias para la acumulación de capital. Las chapuzas improvisadas por los de abajo para subsistir en los bordes de la ciudad, de la formalidad y de la legalidad fueron el combustible del “milagro” de la industrialización y urbanización por aquí. Descifrada por la sociología brasileña en la década de 1970,²⁰ esta fórmula mágica alimentó la esperanza del desarrollo nacional hacia una sociedad salarial estable; modelo que, en sus mismos días, ya mostraba signos de agotamiento en el seno del sistema. Desde entonces, el resto del mundo se ha acercado a la flexibilidad del trabajo al estilo brasileño²¹ – y ella ya no apunta a ningún futuro. También en el centro del capitalismo se disuelven las “formas de trabajo socialmente estables, contractualizadas, reconocibles”, que definen lo que es y “lo que no es tiempo de trabajo, lo que es el lugar de trabajo, la remuneración, los costos laborales”.²²

Incluso en su apogeo, durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), el trabajo formal no llegaba a mucho más de la mitad de la población ocupada de Brasil, en una expansión basada en trabajos mal pagados que – a pesar de la letanía neodesarrollista de turno – expresaban menos a una tendencia hacia la universalización del trabajo formal que a su reducción a una, entre otras estrategias, de viração [o, en español, de “arreglárselas” como modo de vida]²³. Al afirmar que la legislación laboral “tiene que acercarse a la informalidad”²⁴, Bolsonaro finalmente ajusta el parámetro y reconoce lo desregulado como regla.

Sería recién con la calamidad económica provocada por el coronavirus que el trabajo informal recibiría, por primera vez en la historia del país, una definición legal – y fue la más amplia posible, delimitada en la negativa: informal es todo trabajador sin un contrato formal, “sea trabajador por cuenta ajena, por cuenta propia o desempleado”.²⁵ Durante el breve periodo de tramitación de la ley que instauró el “ingreso básico de emergencia”, era difícil anticipar con precisión el real alcance del dicho criterio. Sancionado a principios de abril de 2020, el beneficio alcanzaría a casi 68 millones de personas – alrededor del 32% de la población brasileña –, de los cuales 38 millones estaban hasta entonces fuera del alcance de los programas de transferencia de ingresos. La devastación abrió repentinamente una oportunidad histórica para la “inclusión”:

Llamados “invisibles” por el presidente de la Caixa Econômica Federal, la mayoría de estas personas no tenían uno o más medios para acceder a la visibilidad social específica determinada por el Estado: Cadastro de Persona Física activo, teléfono celular (con internet) y cuenta bancaria. Esas personas no son las que ya están registradas en la Bolsa Familia (…), que llegó a todos los rincones del país, visibilizando al gobierno alrededor de 30 millones de personas. Esos ya se sabía que existían. Invisible, por increíble que parezca, era una parte importante de la población cuyo metabolismo social estaba estructuralmente ligado al metabolismo urbano. Es la parte que sobrevive a través del "arreglárselas" [viração], no de los beneficios públicos (…). Está supuesta en su consecuencia, pero es invisible en su existencia. Cuando la ciudad se detiene, esta porción reclama visibilidad estatal a través del registro en el Cadastro Único. La pandemia lo revela, pero también lo somete, pues define las reglas para su visibilidad.²⁶

Por supuesto, todo este contingente invisible ya estaba hasta el cuello – es decir, las consecuencias de su trabajo informe se presuponen en el funcionamiento de la economía en su conjunto –, pero ahora puede ser sometido a mecanismos que permiten un control más completo sobre su existencia Cuenta bancaria, smartphone con internet y registro en una aplicación: que los medios para recibir el ingreso básico de emergencia sean los mismos que para crear una cuenta de Uber, es señal de que estamos ante piezas fundamentales de esta “nueva forma de trabajar”. Años atrás, ya era posible identificar en Bolsa Familia, cuyas dimensiones se vuelven pequeñas de cara al beneficio de 2020, el objetivo de formar una fuerza de trabajo unificada y más profundamente sujeta a las relaciones capitalistas.²⁷ La bancarización promovida por el programa contribuyó a ampliar el alcance de los sistemas de microcrédito, en un proceso de financiarización de la informalidad – que se profundizó, en los últimos años, con la difusión de las máquinas de tarjetas y pagos digitales cada vez más ágiles y fáciles, como el Pix [nuevo sistema de pago instantâneo brasileño].²⁸ Con el ingreso básico de emergencia, el fenómeno alcanza una intensidad sin precedentes: Caixa Econômica Federal absorbió 30 millones de clientes en diez días, en lo que posiblemente representó el movimiento de bancarización más rápido de la historia mundial,²⁹ cerrando 2020 con ganancias récord.

El acceso al crédito es fundamental para el surgimiento de una fuerza de trabajo precaria a la cual transferir los costos y riesgos del capital, mientras las tasas de interés inoculan un nuevo nivel de productividad a la vieja viração, directamente conectada al mercado financiero global. El centro de estas políticas de ingreso estaría, entonces, menos en expandir la capacidad de consumo de los beneficiarios (como en el modelo distributivo keynesiano), y más en expandir su capacidad de inversión, financiando la adquisición de instrumentos de trabajo y “autovalorizando” su capital “humano”.³⁰ Esto es lo que afirman abiertamente los entusiastas de este tipo de programas: “el colchón financiero que proporciona la renta básica puede representar suficiente estabilidad para que las personas puedan gastar sus propios ahorros u otro capital para la apertura de un negocio”.³¹ Como se lee en un reportaje que entrevistó a vecinos de algunas capitales del Noreste, “en muchos casos el dinero [de la ayuda] sirvió como capital de trabajo para negocios informales”: terminar de construir un anexo en su casa para alquilarlo, reconstruir stocks para el comercio ambulante, abrir una pequeña tienda o comprar “una bicicleta usada del vecino para hacer entregas a través de aplicaciones”.³² Ahora, en los grandes centros urbanos, el beneficio no cubre el costo de vida de muchas familias, que tienen que valerse por sí mismas para mantener otras fuentes de ingresos. “El dinero se iría solo en alquiler. Tendrían otras cuentas y comida”, explica un desempleado obligado a dormir en la calle.³³ Antes de siquiera considerar volver a alquilar una habitación, luego de recibir las primeras cuotas de ayuda, otro entrevistado dice que compró un celular. Cuando no se invertía en medios de producción, el dinero se convertía en medios de reproducción: pagaba reformas y electrodomésticos. Justo en medio de estos dos campos, el celular.³⁴

Al concentrar las funciones de ocio, trabajo, socialización y control en un mismo dispositivo, los smartphones materializan la indistinción contemporánea entre tiempo libre y tiempo de trabajo. Las aplicaciones que conectan una multitud de personas a un mismo servidor han hecho posible que el capital incorpore y organice directamente, a través de algoritmos que procesan millones de datos en tiempo real, ese trabajo informe que es constitutivo de la economía brasileña. La infame “uberización” del trabajo significa, en tierras tupiniquines, una especie de “subsunción real de la viração”.³⁵

En el transcurso de la pandemia, creció el número de brasileños que utilizan aplicaciones como medio para trabajar, alcanzando la marca de uno de cada cinco trabajadores.³⁶ Y vale recordar que el primer paso para obtener el ingreso básico de emergencia también fue descargar una aplicación y responder a un cuestionario. El programa aceleró el proceso de digitalización de esta multitud invisible: “los que no tenían celular tenían que conseguir uno, prestado o de favor” y “los que no sabían usarlo tenían que aprender” o buscar ayuda.³⁷ Del mismo modo, la avalancha de problemas en el registro en línea durante la primera semana terminó en las sucursales físicas de Caixa, lo que provocó colas que se extendieron cuadra tras cuadra. Además de sobrecargar a los empleados, el hacinamiento frente a los bancos al inicio de la pandemia concretó el dilema funesto entre contagiarse del virus o pasar hambre. Durante unos días, ese retraso desesperado se convirtió en revuelta: en ciudades de todo el país, la población protestó, vandalizó agencias y bloqueó avenidas.³⁸

Mientras los directivos de Caixa reorganizaron el horario de atención presencial para evitar el caos, se formaban grupos de WhatsApp y Facebook acerca del beneficio. Con cientos de miles de miembros, estos foros autogestionados compensaron la precariedad del servicio bancario: los participantes informaron de sus problemas, intercambiaron experiencias, resolvieron dudas, etc. El único actor político que intentó surfear esta inmensa participación invisible fue un incógnito parlamentario proveniente de la misma avalancha que Bolsonaro, elegido a partir de los videos en formato selfie que grabó en los bloqueos de carreteras durante la huelga de camioneros de 2018. En el momento en que pasó a comentar los ingreso básico de emergencia a diario a través de su perfil de Facebook, el diputado federal de Minas Gerais André Janones dejó de ser una figura menor en el Congreso Nacional, habiendo transmitido los live más vistos en la historia de internet en todo el hemisferio occidental.³⁹

Por otro lado, el inicio del pago mensual de 600 reales durante la primera ola de la pandemia parece haber contribuido a retrasar la convergencia entre trabajadores informales y empresarios buscada por la crítica bolsonaristas al aislamiento social. En aquel momento, las manifestaciones anti confinamiento se circunscribían al núcleo militante de extrema derecha y al chantaje de los pequeños y medianos empresarios, que intentaban obligar a sus empleados a protestar, bajo la amenaza de despido en caso de quiebra.⁴⁰ Al mismo tiempo, el flujo de dinero brindado por las ayudas de emergencia en familias y barrios populares dio cierto respaldo a quienes, en medio del caos de la pandemia y pese al aumento del desempleo, se negaron a trabajar en esas condiciones. Luego de manifestarse en las mazmorras de los call centers, la insubordinación pronto se mostraría afuera, en las calles, cada vez más atestadas de repartidores y conductores de aplicaciones.

Asalto a la nube

Fortaleza, 6 de enero de 2020. En el centro financiero de la ciudad, el tráfico está bloqueado por una inusual barricada de colores. Apiladas, mochilas con los logos de iFood, Rappi y UberEats atraviesan distintos puntos de la avenida: era una protesta de repartidores de apps denunciando el atropello de un colega la noche anterior. La escena se volvería cada vez más frecuente, en todo el país, en los meses siguientes. En marzo, un grupo de activistas ya podía creer que “un fantasma recorre las ciudades brasileñas, y ese fantasma anda sobre dos ruedas”.⁴¹

No es nuevo, sin embargo, que una parte indispensable del metabolismo urbano brasileño se mueva sobre dos ruedas. En la caótica expansión de las ciudades, donde el transporte llegaba a remolque, reparando piezas, el precio de esta precariedad lo pagaba siempre la prisa de los que debían llegar a tiempo. Mientras la falta de movilidad penaliza a la fuerza de trabajo con horas extras de esfuerzo en transporte público abarrotado,⁴² las demás mercancías no pueden manejarse por sí mismas y exigen un movimiento cada vez más rápido. De ahí la aparición, a finales de los 80 – mucho antes que cualquier app – de un ejército cada vez más numeroso de motoboys capaces de cortar los embotellamientos del tráfico, surfeando entre coches, y garantizar, a riesgo de sus vidas, la aceleración de los flujos capitalistas en nuestras colapsadas metrópolis. Los “corredores informales y mortales de motos” posibilitan la circulación de lo que no puede detenerse en medio del tráfico parado y, al mismo tiempo, sirven para aumentar la productividad en el desplazamiento de trabajadores rehenes de la inmovilidad urbana, que encuentran en la motocicleta la salida de emergencia “que equipara bajo costo con alta velocidad”.⁴³

Mientras la expansión del microcrédito durante los gobiernos del PT facilitó la financiación de motos de baja cilindrada y el parque automotor creció desbocadamente, se multiplicaron las pequeñas empresas de reparto tercerizadas, las “express”, en que los costos del principal instrumento de trabajo recaían sobre los trabajadores. La popularización de los celulares durante la década de 2000 permitiría una comunicación continua y directa entre la central y los repartidores en la calle, reduciendo “los poros de no trabajo en su jornada laboral” y abaratando el servicio para los contratistas. Luego, con la llegada de los smartphones con acceso a internet y GPS, es la intermediación que realizan esas empresas la que puede ser descartada y sustituida por una app, que promete conectar a la multitud de repartidores “directamente” a las demandas de los clientes y liberarlos de la explotación de las empresas subcontratistas. Reduciendo el contrato de trabajo a un registro virtual y al trabajador a fuerza de trabajo just-in-time, las plataformas son capaces de reclutar al motoboy que lleva treinta años en las vías, al trabajador con empleo fijo que hace entregas fuera de horario y el joven desempleado que posee o alquila una bicicleta detrás de una changa. Es esta multitud heterogénea “que, de manera dispersa, inconstante y con diferentes intensidades”, asegura la distribución de buena parte de las mercancías en las ciudades.

Cuando los motoboys paralizaron una app por primera vez en el país, oponiéndose a la reducción del valor de los repartos por parte de Loggi a finales de 2016, el sindicato de la categoría de São Paulo, que vio evaporarse su base en la “nube”, intercedió ante la Justicia del Trabajo defendiendo el reconocimiento de la relación laboral con la plataforma. Por eso mismo, acabó siendo rechazado por los propios huelguistas, que llevarían una pancarta con un mensaje claro a las siguientes manifestaciones: “¡no a la CLT!” [Ley Laboral brasileña]. Parece paradójico que los trabajadores que luchan por mejores condiciones laborales se nieguen abiertamente a formalizar su actividad. Sin embargo, es precisamente en esa negativa que se encuentra el motor del fantasma que sigue rondando las ciudades brasileñas.⁴⁴

Para la mayoría de la izquierda, la respuesta al acertijo se reduciría a la conciencia sesgada de los trabajadores, seducidos por el canto cuentapropista de la sirena neoliberal. ¿Cómo explicar, sin embargo, que el rechazo de la regulación pueda estar asociado a una declaración de “guerra contra las aplicaciones”? No hace falta hablar mucho con un motoboy para darse cuenta de que la aversión a la relación laboral lleva consigo un rechazo al infernal universo de los “trabajos de mierda”: horas que cumplir, salario bajo y un jefe que te hace la vida más difícil.⁴⁵ Además de mayores costos con la documentación y burocracias para trabajar, el futuro que promete el discurso de la regulación suena fake.⁴⁶

En el mundo del trabajo sin formas, la agenda reformista cambia de sentido: es aquella que busca recuperar la forma perdida, es re-formista, como la defensa de la CLT, es decir, el “progresismo” se vuelve restaurador. Contrariamente al espejismo de reconstruir una sociedad asalariada en marcos keynesiano-fordistas (que, en Brasil, sabemos, sólo existió a medias), el canto del “espíritu empresarial” encuentra eco en la experiencia vivida del trabajador uberizado. Después de inscribirse en una aplicación, es el “trabajador, por su cuenta, quien asume los riesgos y costos de su trabajo, quien define su propia jornada laboral, quien decide su dedicación al trabajo”.⁴⁷ Es precisamente porque es real, y no mera retórica, que la autonomía puede operar como pieza central en el engranaje de la subordinación: al transferir a los trabajadores la tarea de administrar su propio trabajo, el capital también transfiere la necesidad de prolongar e intensificar su jornada, así como de hacer frente a imprevistos y con fluctuaciones en la demanda.

Cada repartidor autogestiona su proceso de trabajo, pero lo hace dentro de las condiciones impuestas por las empresas de forma unilateral y muchas veces imponderable, comenzando por la forma de remuneración y los valores fijados vía algoritmo. Los sistemas de puntuación y clasificación limitan la cantidad de entregas que se pueden rechazar; las promociones alientan a los mensajeros a trabajar en regiones y períodos de alta demanda, como días lluviosos, o incluso a aceptar todos los viajes durante un período determinado; bloqueo automático, temporal o definitivo, sancionan supuestas irregularidades detectadas por el software; y, más recientemente, los mecanismos de programación fomentan la definición previa de las horas de trabajo. Ante la incesante presión sobre el margen de independencia que caracteriza su ocupación, los mensajeros se ven obligados a crear estrategias para resistir y eludir los mecanismos de control de la aplicación — así como de las autoridades de tránsito y de las tiendas, que vigilan su espacio de trabajo – en un conflicto permanente.

Para ganarse la vida como repartidor, no es raro que sea necesario usar (o incluso alquilar) el perfil de otra persona, eludiendo un bloqueo de cuenta; pasarse los semáforos en rojo o exceder el límite de velocidad para aumentar la productividad, cubriendo la patente al pasar las cámaras de velocidad; esquivar un control policial que puede dar lugar a la incautación de la moto en situación irregular por falta de dinero; o incluso extraviar el almuerzo de un cliente para asegurar una comida especial entre repartos. Pero, como romper las reglas constantemente no solo es parte del juego, sino que también garantiza el funcionamiento de la aplicación – y de la ciudad en su conjunto –, la propia insubordinación del “perro loco” [apodo de los motoboys] resulta ambigua.⁴⁸ Los grupos de WhatsApp, así como varios canales de YouTube y los foros de Facebook asumen un papel fundamental en esta dinámica, difundiendo estrategias exitosas y estableciendo redes de cooperación que son indispensables para el trabajo, así como para la operación del servicio:

Hay infinitos grupos de WhatsApp solo para motoboys que sirven para compartir información de la calle, controles policiales, robo, accidente, permuta o venta de moto, chaqueta, bolso, carné de conducir, trabajo, todo tipo de cuestiones. Estos grupos acaban siendo una estructura informal de organización del trabajo por parte de los propios trabajadores, paralela a las aplicaciones. Al mismo tiempo que ayuda a que las apps funcionen mejor (los participantes avisan dónde hay más carreras, si hay algún bug, se ayudan con problemas de soporte, bloqueos, etc.), también es ahí donde a veces aparecen memes ironizando el trabajo, los arrebatos y la organización de los actos.⁴⁹

Fue principalmente en torno a estas redes informales que se organizaron numerosas protestas de correos desde principios de 2020. Cuando el coronavirus se propagó por Brasil, ellas también se multiplicaron por todo el país. Las medidas de cuarentena destacaron la centralidad de los repartidores en la logística urbana: fue, después de todo, la movilización permanente de este ejército motorizado lo que produjo parte de las condiciones necesarias para el home office de los contingentes más calificados. Sin embargo, contrarrestado por la vertiginosa expansión del registro de “colaboradores” en las plataformas,⁵⁰ el aumento de la demanda de servicios de entrega no se tradujo en un aumento de la remuneración. En medio de la avalancha de despidos en otros sectores, las aplicaciones comenzaron a funcionar como una especie de “seguro de desempleo” perverso y, a medida que crecía el número total de mensajeros, el valor de las tarifas y la frecuencia de los viajes seguían el movimiento contrario. Sumado a la afluencia de nuevos trabajadores, para quienes eso era solo una fuente de ingresos extra o temporal, la caída de los ingresos de quienes ya dependían de las apps impulsaría la irrupción de movimientos salvajes de mensajeros por todo el país.

En una noche de alta demanda, un grupo de motoboys bloquea la entrada de autos en el drive thru de un fast food, obligando al restaurante a priorizar la salida de snacks para delivery.⁵¹ Amontonados en el estacionamiento de un supermercado a la espera de los pedidos, los repartidores se molestan e inician un bocinazo para presionar la salida de los paquetes.⁵² Después que un exabrupto sobre un episodio de humillación o un intento de estafa de parte de un cliente se propaga a través de WhatsApp, el canalla es sorprendido por el ruido de un convoy de motocicletas fuera de su casa.⁵³ Mientras en una ciudad los mensajeros se unen para exigir más seguridad a las autoridades tras un atropello o robo, en otra son los episodios de violencia policial y el control arbitrario del tráfico que desencadenan las protestas.⁵⁴ Desde las grandes capitales hasta ciudades del interior del país, pululan manifestaciones convocadas de última hora en las redes sociales para exigir el aumento de las tarifas de reparto y otras mejoras. Ante la inminencia de la primera ola del coronavirus, los motoboys de Acre paralizaron las carreras para exigir a la alcaldía de Rio Branco el suministro de mascarillas y alcohol en gel. Una huelga de repartidores en moto y auto de Loggi, contra la reducción abrupta del precio de las carreras, se extiende por todo el Estado de Río de Janeiro, llegando al día siguiente a la Baixada Santista.⁵⁵ Y en São Paulo, los ciclistas se reúnen más de una vez en la Avenida Paulista contra el sistema de puntuación de Rappi, que restringía el acceso a las zonas de mayor demanda.⁵⁶

Con manifestaciones volátiles y dispersas, que podían formarse y disolverse en el intervalo entre una carrera y otra, el “fantasma sobre dos ruedas” que recorría el país pronto haría su primera aparición pública. La convocatoria a un paro, el Freno Nacional de las Apps canalizó el movimiento latente en una sola fecha, el 1 de julio de 2020, marcando el debut de estas luchas subterráneas en el escenario de los grandes eventos políticos. Mientras la idea de un paro general empezaba a tomar forma en los grupos de WhatsApp, videos de “saludos” filmadas en formato selfie por mensajeros de todo el país anunciaban la adhesión de “bandas” de todo el país. A medida que la movilización ganaba visibilidad, los simpatizantes comenzaron a publicitar una campaña de boicot a las plataformas en el día del paro, los partidos y organizaciones de izquierda emitieron notas de apoyo y los principales canales de comunicación divulgaron la convocatoria. Al tomar una cara pública, la agitación espontánea y difusa de los meses anteriores fue traducida de una forma más legible por las instituciones: “en muchas ciudades, los sindicatos de siempre intentaron tomar la delantera del movimiento y los líderes autoproclamados fueron abrazados por partidos y entidades, así como por la prensa”.⁵⁷ En la cola de una tímida ola de manifestaciones contra el gobierno federal en la misma época, los medios de prensa produjeron el imagen del “repartidor antifascista”, mientras que la izquierda y los operadores de la CLT enmarcaron el movimiento en la gramática de los derechos laborales.⁵⁸

Aunque voluminosas y ruidosas, muchas de las demostraciones de motociclistas que tomaron varias avenidas del país el 1 de julio – mucho antes que los convoyes encabezados estratégicamente por Bolsonaro al año siguiente – terminaron siendo domesticadas por entidades representativas. En São Paulo, el camión de sonido del sindicato se superpuso a las bocinas de la multitud motorizada que corría desde el Tribunal Regional del Trabajo hasta Ponte Estaiada. Manteniéndose dentro de los límites de un gremio y reclamando mejores condiciones de trabajo, el Freno de las Apps no ha podido ir más allá del script de lo que aún queda del sindicalismo. Ese fue el episodio más visible y organizado – y por lo tanto, en cierto sentido, el mejor comportado – en Brasil de un movimiento que abarcó todo el período de la pandemia y sigue en marcha, tanto aquí como en otros rincones del planeta.⁵⁹

Algo, sin embargo, se escapó de ese guión. A las siete de la mañana, ya circulaba por WhatsApp un video grabado frente a uno de los muchos almacenes de Loggi en São Paulo – de donde parten miles de productos comprados por internet para los hogares de los consumidores, a bordo de automóviles y motocicletas. Alrededor de un parlante que tocaba pagode de los años 90, unos diez repartidores se disponían a pasar allí el día, prometiendo hacer un asado y evitar que se retirara cualquier paquete. Los bloqueos en otros almacenes, centros comerciales y restaurantes de la ciudad se prolongaron durante todo el día, llegando incluso al horario de la cena en tiendas de fast food de la región del ABC Paulista y otros puntos de la metrópoli. Es curioso que, allí mismo donde es difícil delimitar un “lugar de trabajo” – pues este se extiende por toda la ciudad –, proliferaron auténticos piquetes, como hacía tiempo que no se veía. Eran, en cierto sentido, piquetes invertidos: el objetivo era menos impedir la entrada de trabajadores al espacio de producción que impedir la salida de mercancías para su circulación.⁶⁰

La organización de muchos de estos bloques pasó por las redes locales de motoboys que, mientras no suena un nuevo pedido en la aplicación o el pedido no está listo en el restaurante, esperan en la misma plaza de parking de motos. Al mismo tiempo que dan una imagen fiel de la disponibilidad permanente que se le exige al trabajador just in time – que, cuando no está corriendo contra el tiempo, se queda en standby⁶¹, esperando que la aplicación suene –, estas “zonas de espera”⁶² dispersas por el espacio urbano se convierten en lugares de confraternización y, eventualmente, de organización. Así fue el 1 de julio, cuando muchos parkings se convirtieron en puntos de bloqueo. Varios empleados, e incluso gerentes, de locales de comida rápida expresaron su apoyo a los huelguistas, con quienes conviven todos los días, permitiéndoles el uso del baño, ofreciendo café y hasta donando los snacks que se acumulan en el mostrador sin tener quien los transporte. En la puerta de centros comerciales y restaurantes, el apoyo tácito – o incluso explícito – de los guardias de seguridad de las empresas tercerizadas de seguridad se reveló fundamental, bloqueando o frenando las autorizaciones de entrada de los esquiroles más exaltados.

En el parking ubicado frente a una distribuidora de licores que, por respeto a la huelga, había anunciado la suspensión del servicio de reparto a través de aplicaciones, se podía escuchar a lo lejos, alrededor de las once de la mañana, la llegada de un numeroso convoy de repartidores, sumándose a los compañeros que desde temprano se concentraban allí. Poco tiempo después, el enjambre de motos corría nuevamente por las calles de la ciudad, sin rumbo definido. Tocando la bocina y acelerando a todo instante, aquel escuadrón producía un ruido ensordecedor y tomaba por asalto los estacionamientos de los centros comerciales que encontraba en el camino en una invasión relámpago, expulsando a los motoboys que retiraban pedidos y obligando a los comerciantes, asustados, a cerrar las puertas por algún tiempo. Flexibles y replicables, los bloqueos móviles traían consigo una amenaza de descontrol que contrastaba con la previsibilidad y rigidez de las formaciones de motoristas lideradas por los camiones de sonido de los sindicatos. Cuando la ciudad misma es el espacio de trabajo, la huelga puede tomar un aire de revuelta social.

La explosión, sin embargo, no sucedió. A los piquetes móviles se oponía la flexibilidad de las aplicaciones – que, además de hacer uso de promociones para entregas a domicilio en las regiones más afectadas por el paro, tenía las dimensiones de su gigantesca red de “restaurantes socios” para no perder los clientes del día – y la agilidad de los propios esquiroles, igualmente capaces de moverse por el tejido urbano en busca de establecimientos abiertos. Es significativo que muchos de los que insistieron en trabajar eran mensajeros vinculados a “operadores logísticos” (OL) subcontratados de iFood. Además de la modalidad “nube” – la tan celebrada “nueva forma de trabajar” en la que el motoboy enciende la app cuando quiere y organiza su día de trabajo, aceptando o no las carreras que aparecen en pantalla –, iFood tiene otro sistema menos conocido, y (al menos aparentemente) menos innovador, para gestionar su fuerza de trabajo. Un “operador logístico es una empresa más pequeña, subcontratada por iFood para organizar y administrar una flota de repartidores fijos”, a veces en un área delimitada.⁶³ Según la plataforma, estas empresas subcontratadas son responsables de al menos el 25% del contingente de “socios” – proporción que muchos motoboys afirman estar creciendo⁶⁴ – y “aportar en diversos escenarios, como atender localidades específicas” y centros comerciales, la “apertura de nuevas regiones” y “complementar la flota en determinados días y horarios”. Algunas de estas empresas tienen flotas de “hasta 400 personas corriendo por São Paulo” y cobran una tarifa semanal por el alquiler de monopatines y bicicletas a sus mensajeros.⁶⁵

Con la promesa de recibir más pedidos que los “repartidores nube” y sin tener que hacer la cola para registrarse en esa modalidad más popular, el “repartidor OL” tiene un horario de trabajo predeterminado, recibe a través de una empresa tercerizada, para lo cual la aplicación transmite el valor de las carreras y es supervisado por un “líder de plaza” que actúa como intermediario de la plataforma. El control impersonal y automático del algoritmo se combina así con la gestión de un jefe de carne y hueso que, llenando los vacíos dejados por el primero, controla de cerca la productividad de los trabajadores, teniendo poderes para interferir en la distribución de pedidos, aplicar sanciones y despidos: lo peor de un empleo formal, pero sin ninguna de las garantías que la Ley Laboral ofrece.

¿Será que la última palabra en gestión del trabajo, la ultramoderna “gestión algorítmica” de plataformas como iFood, rima con los métodos arcaicos del capataz? Por un lado, es el mercado preexistente en Brasil el que explica el fenómeno: muchos de los operadores logísticos son las antiguas “express”, las empresas de reparto en moto que perdieron espacio ante las aplicaciones, ahora incorporadas por iFood en una posición subordinada. Por otro lado, la combinación no solo existe aquí. Las dos empresas de reparto por aplicaciones más grandes de China dividen su fuerza laboral de manera similar: mientras que los mensajeros “ocasionales” suelen ser trabajadores a tiempo parcial que pueden elegir qué viajes aceptar, los mensajeros “contratados” trabajan a tiempo completo y están vinculados a una “estación”, controlada por un gerente, pero ninguno de ellos tiene vínculos laborales formales con la plataforma.⁶⁶

Al combinar la capacidad de procesamiento de datos y la vigilancia impersonal, de la inteligencia artificial, con la coerción directa y personal del buen y viejo capataz, debidamente tercerizado, esta forma bastarda de uberización puede representar una tendencia de la gestión del trabajo, mucho más eficiente que los robots dejados a su suerte: “el algoritmo suena fuerte, pero es huevón”⁶⁷. En el infierno del trabajo contemporáneo, los capataces, los intermediarios y los matones tienen un lugar asegurado. A medida que se oxidan algunos engranajes de la aparente tregua de las últimas décadas, esos nuevos viejos intermediarios están más actualizados que nunca, y a pesar de los esfuerzos de los directores ejecutivos refinados y hipsters para mantenerlos en la sombra, no es de extrañar que quieran salir al sol.⁶⁸ En esta nueva economía de la “vuelta”, ya no hay ninguna perspectiva de que la violencia abierta deje de ser el nexo social central, como queda claro en el vocabulario de guerra de los motoboys, soldados en la batalla diaria del tráfico cuya productividad “se mide por la rapidez, es decir, por el riesgo de muerte inminente”⁶⁹. La “guerra civil (…) cada vez más coordinada por lo que llamamos sistema yagunzo [o, en español, el sistema de los ‘sicarios’, ‘matones’] en Brasil”⁷⁰ se hace aún más clara donde se explicitan sin rodeos algunos de sus vínculos, como es el caso de la creciente evidencia de vínculos entre las OL del iFood y negocios ilegales en los barrios periféricos de São Paulo y Río de Janeiro.

El 4 de julio de 2021, después de un nuevo período de protestas y paros difundidos por todo el país, motoboys de Curitiba, Goiânia, Campo Grande e Itajaí se movilizaron por mejoras, entre ellas el fin de la necesidad de programar el trabajo con anticipación, impuesta por iFood en algunas de las ciudades donde opera. El mismo día, la ampliación del área de actuación de los entregadores OL, reduciendo drásticamente la oferta de pedidos para los demás, llevaría a los motoboys de un barrio pobre del oeste de Rio de Janeiro a interrumpir las tareas y bloquear la salida de pedidos en un centro comercial. Los informes del paro, que se extendería rápidamente a otras regiones de la ciudad y duraría cuatro días, mencionan, además de las ya recurrentes amenazas de los líderes de las OLs a los huelguistas⁷¹, la presencia de milicianos frente a restaurantes para evitar piquetes.⁷² Las oscuras y notorias relaciones entre la familia presidencial y los grupos armados que ejercen este tipo de “control privatizado y monopolizado del territorio” no son mera coincidencia: en línea con lo que hay de más avanzado en materia de gestión de la mano de obra flexible repartida por todo el espacio urbano, el “gobierno de la milicia” del capitán es tanto un síntoma como un agente de la uberización al estilo brasileño.⁷³

Sobreviviendo en el purgatorio

Caía una fuerte tormenta, en Macapá el 3 de noviembre de 2020, cuando, entre trueno y trueno, las luces se apagaron y los celulares quedaron sin servicio. La subestación que transmite energía a todo el Amapá, que operaba desde hace un año con parte de sus estructuras dañadas, se había derrumbado. Era el comienzo del apagón más largo de la historia del país, que duraría tres semanas. La falta de electricidad interrumpió el suministro de agua en gran parte de la ciudad, lo que obligó a muchos a lavar los platos y la ropa en los ríos; la inestabilidad en las redes de telecomunicaciones dejó a los habitantes incomunicables; en los bancos era imposible retirar dinero; colas se formaron en gasolineras; y los estantes pronto quedaron vacíos en los mercados. Mientras tanto, las muertes por covid crecían exponencialmente. Después de cuatro días en la oscuridad, se restableció la conexión con un sistema de racionamiento absolutamente irregular y desigual entre los condominios de élite y la periferia. La oscilación provocó sobrecargas: los electrodomésticos se estropearon, las farolas explotaron y casas se incendiaron.

Mientras la crisis continuaba y la desesperación se generalizaba, aparecieron “barricadas, manifestaciones por toda la ciudad, muchas calles con neumáticos quemados”⁷⁴. Además de mitigar la penumbra de la noche, salir a la avenida y encender una hoguera con escombros se convirtió en el último recurso de las multitudes para presionar a las autoridades mientras esperaban que la normalización del suministro eléctrico o el repare de un transformador dañado. La Policía Militar, que seguía de cerca el movimiento, reprimiendo y persiguiendo a los vecinos, registraba más de 120 protestas en todo Amapá cuando, de repente, la pandemia volvió a ser motivo de preocupación. “Con el fin de reducir los riesgos de transmisión del nuevo Coronavirus”, el gobierno estatal decretó toque de queda nocturno y vetó “cualquier tipo de actividad política de las personas en calles, plazas, (…) al aire libre, (…) tales como mítines, marchas, caravanas, banderazos, etc.”⁷⁵ La sobreposición amapaense de colapsos completa la distopía brasileña, en la cual el Estado, al mismo tiempo, sabotea medidas de aislamiento social en nombre de la disciplina del trabajo, pero desencadena un confinamiento para contener el levantamiento popular.

“Lo que se hizo en Amapá, el tema de la electricidad, no tiene nada que ver con el gobierno federal”, diría el presidente en los días siguientes. Que el gobierno se eximiría de cualquier responsabilidad por el apagón — negligencia, al fin y al cabo, de un concesionario privado – quedó claro desde el principio: con el anuncio de que no se indemnizaría ningún daño a los bienes personales, la propia población empezó a organizar crowdfunding para ayudar en la reconstrucción de los hogares de aquellos que lo perdieron todo. En torno al hashtag #SOSAmapá, se difundieron iniciativas para donar víveres a los barrios más pobres durante el desabastecimiento.⁷⁶

La autoorganización para sobrevivir en el infierno transitaba así en una zona ambigua entre la solidaridad y la transferencia de los daños causados ​​por el desastre a la población. Unos meses después, cuando colapsó el sistema de salud en Amazonas, la conmoción en internet levantó donaciones en todo el país. Tratando de sortear el hacinamiento y la falta de insumos en las UCIs, las familias improvisaron camas de tratamiento en casa para atender a los familiares enfermos. Redes de amigos y voluntarios se movilizaron para obtener cilindros de oxígeno directamente de las industrias de la Zona Franca de Manaos, que fueron redistribuidos a los pacientes domiciliarios de toda la ciudad. Si el conteo diario de muertos por la pandemia en los informativos televisivos muestra la disponibilidad a la que está condenada gran parte de la población, esta misma pesadilla se muestra productiva al conformar los vivos a un régimen de total disponibilidad para cualquier trabajo: “nos estamos convirtiendo en médicos. Es lo que nos compete”, dijo a un diario una joven que acababa de aprender a administrar oxígeno en casa a familiares sin vacantes hospitalarias.⁷⁷ Choque tras choque, la catástrofe permanente en la que estamos suspendidos desde hace dos años potencia y normaliza los viejos expedientes – informales, improvisados, inseguros, ilegales – de supervivencia en la guerra cotidiana. Pero este exceso de trabajo informe, una vez descubierto por los sociólogos brasileños como el motor oculto de nuestra modernización capitalista, hace mucho tiempo que no alienta ninguna esperanza de desarrollo: en medio del colapso, solo restablece constantemente el horizonte negativo del confinamiento a una espera desesperada, extenuante, sin fin.

Al mismo tiempo que radicaliza el “modo de vida periférico de ‘sálvense quien pueda’”⁷⁸, la “deconstrucción” como forma de gobierno⁷⁹ prepara el terreno para los movimientos del capital que han ido densificando las mallas de control y dando “escala a esta zona nebulosa”⁸⁰ de la informalidad. Desde este punto de vista, el ingreso básico de emergencia dista mucho de la propuesta de una “renta sin contrapartida”, tan celebrada por los analistas económicos.⁸¹ El experimento de transferencia de dinero posibilitado a lo largo de 2020 está íntimamente ligado a otra transferencia: la de costos y riesgos del Estado y las empresas hacia una población debidamente registrada y remunerada en dosis limitadas.⁸² Cuando la actuación de las autoridades en la pandemia se reduce a “una mayor o menor clemencia o (pequeño) reforzamiento de una cuarentena organizada por cuenta propia por los trabajadores”⁸³ es porque el manejo de la emergencia sanitaria fue externalizado a la multitud. Esa “autogestión subordinada”⁸⁴ característica del trabajo por aplicaciones muestra aquí una tendencia a la supervivencia, en general, en la catástrofe. Desde las mascarillas de tela caseras que se venden en la calle – una fuente de ingresos para quienes siempre inventan la forma de arreglárselas – hasta las barreras sanitarias en las que los residentes voluntarios se turnan en las entradas de pequeños municipios y zonas turísticas⁸⁵, la cuarentena solo podía existir en la base de la solución parche⁸⁶, en una suma de esfuerzos descoordinados (y, no pocas veces, conflictivos entre sí) que resultó, al final, en un gigantesco trabajo sucio⁸⁷. Mientras se enterraba a los muertos, todos colaborábamos – aislados o apurados –para mantener en marcha la máquina urbana.⁸⁸

En los últimos meses de 2020, el ingreso básico de emergencia se fue interrumpiendo paulatinamente – con la exclusión progresiva de millones de beneficiarios y la reducción del valor de las últimas cuotas –, hasta expirar la vigencia del estado de calamidad pública y, con él, el “presupuesto de guerra” que posibilitó el mayor ensayo de transferencia directa de renta jamás realizado en Brasil.⁸⁹ Con el avance de la segunda ola de contaminación, a partir del cambio de año, los estados y municipios volverían a recurrir a medidas de restricción del comercio y los servicios para contener el virus – y los trabajadores informales, ahora sin el mismo apoyo económico, serían empujados a una condición límite. La situación es aún más alarmante en las regiones turísticas, donde el verano es la oportunidad de crear ahorros para el resto del año.⁹⁰

Las numerosas manifestaciones anti-lockdown que tuvieron lugar a partir de diciembre de 2020 tenían una composición social diferente a las caravanas bolsonaristas del comienzo de la pandemia. Ante la determinación judicial que cerró playas, restringió el comercio y prohibió el turismo a pocos días de la víspera de Año Nuevo, la ciudad de Búzios fue tomada por protestas: cientos de personas rodearon el Foro de Justicia hasta que cayó la medida. En Angra dos Reis, los trabajadores bloquearon la carretera Rio-Santos y los comerciantes tomaron el edificio de la alcadía contra el endurecimiento de las restricciones.⁹¹ En todo el país, los pequeños patrones se mezclaron en las calles con sus empleados, pero también con vendedores ambulantes, artistas, feriantes, conductores de mototaxi, músicos, motoristas de aplicaciones, etc. Este movimiento no dejó de expresar una reacción al fin del ingreso básico de emergencia, pero volvió a la órbita del bolsonarismo, al apuntar a las medidas sanitarias de los gobiernos locales. En Amazonas, donde el 52% de la fuerza laboral es informal, el decreto de confinamiento del 23 de diciembre prohibía expresamente la “venta de productos por vendedores ambulantes” y las “ferias y exposiciones artesanales”⁹². El decreto sería derrogado tres días después, luego de una manifestación que escapó del control de sus organizadores y desencadenó una noche de barricadas en Manaos.⁹³

Y fue precisamente en las siguientes semanas que el mundo entero miró con consternación las notícias de las muertes por falta de oxígeno en los hospitales amazonenses, asolados por una nueva variante más contagiosa del virus. ¿Cómo sostener un reclamo cuya consecuencia evidente es la muerte de más personas? En palabras de un conductor de la aplicación que organizó las protestas, el movimiento “no está liderado por negacionistas, todos saben que la enfermedad existe y lamentablemente ha muerto mucha gente”, pero “necesitamos vivir juntos y desarrollar medios o estrategias que puedan garantizar la continuidad de todas las actividades económicas”.⁹⁴ En busca de la “estabilidad entre la economía y la salud”, las manifestaciones, convocadas en el punto álgido de la catástrofe hospitalaria, comenzaron también a reclamar la distribución de “kit covid gratis”. En un nuevo giro a la derecha, la lucha contra el confinamiento se ha volcado en la defensa del llamado “tratamiento precoz”, una referencia genérica a la prescripción de fármacos sin eficacia probada contra el nuevo coronavirus (y con posibles efectos secundarios nocivos para la salud), pero adoptados ampliamente durante la pandemia en el país.

Alentada por el presidente en sus lives, administrada en hospitales públicos e indicada por planes de salud y médicos privados, la “profilaxis” con medicamentos para la malaria, piojos y lombrices disponibles en los anaqueles de las farmacias aún era, a mediados de 2021, reconocida por casi la mitad de los médicos brasileños como útiles en la lucha contra el coronavirus.⁹⁵ La asombrosa capilaridad de esta cura milagrosa, vendida por oportunistas de todo tipo, a más de un año del inicio de la pandemia, era señal de que su atractivo resonaba en la línea del frente de los hospitales. Ahora bien, si los “métodos alternativos” nunca fueron eficientes para la recuperación de los enfermos, ciertamente lo fueron para brindar algún alivio a los pacientes desesperados y paliar la impotencia de los propios trabajadores de la salud, al borde del agotamiento ante esa enfermedad desconocida y mortal. De alternativas improvisadas en la crisis, tales procedimientos se popularizaron precisamente como “Protocolo de Colapso” – título de uno de los live en los que los médicos de Pará compartieron su dramática experiencia durante el primer semestre de 2020. Cuando “las redes hospitalarias de Belém colapsaron y las farmacias se quedaron sin medicamentos”,

los médicos tuvieron que improvisar para salvar la vida de los pacientes. En los lives abundan los reportes de casos, experiencias de planes de salud y clínicas públicas, que confirmarían que el tratamiento precoz salva vidas, y que sugieren que quienes no tuvieron acceso al tratamiento llevaron lo peor. (…) Al mismo tiempo, los casos que acaban muriendo son vistos como algo natural: al fin y al cabo, “ningún tratamiento es infalible”.⁹⁶

En foros cerrados en Facebook y Telegram, los médicos compartieron los resultados de terapias experimentales y hechas en casa, como nebulizar pastillas de hidroxicloroquina en familiares enfermos; discutieron cómo protegerse legalmente al realizar este tipo de procedimiento clandestino; organizaron campañas para el reconocimiento de sus métodos; y, lo que es más importante, formaron una inmensa red de profesionales y pacientes. Más que una simple receta – y una caja gratis, para fidelización –, la prescripción de ivermectina muchas veces iba acompañada de una invitación a un grupo de WhatsApp.⁹⁷

Y en un país donde la automedicación es una práctica generalizada⁹⁸, no es de extrañar que gran parte de la población no haya dudado en añadir un envase más al botiquín. También para los demás trabajadores atormentados todos los días por el miedo al contagio – rodeados por la muerte de conocidos, amigos y familiares y obligados a correr riesgos diarios en autobuses llenos⁹⁹, oficinas y comedores cerrados – el movimiento del “tratamiento precoz” constituyó una “comunidad” de cuidado y seguridad, una macabra red de apoyo mutuo, que les ofrecía algún soporte para mantener la cordura en medio del caos. En cuanto a los profesionales de la salud, la creencia en el “kit covid” funciona como un mecanismo de defensa subjetivo para “tolerar lo intolerable”: el sufrimiento del trabajo en el contexto de la nueva normalidad.¹⁰⁰ El dispositivo ayudó a aplacar la desesperación y soportar el medo en un contexto de profundización dramática de la experiencia negativa del trabajo, del cual no es posible desertar. En este sentido, el uso generalizado de fármacos sin eficacia demostrada parece haber tenido menos que ver con un rechazo ideológico a las medidas conocidas para combatir la pandemia que con el sufrimiento generado por su inviabilidad. El compromiso de los propios pacientes – real o potencial – con la causa de los “medicamentos que salvan vidas” no solo se sumó a las estrategias de defensa psíquica de miles de personas obligadas a irrespetar los más básicos protocolos sanitarios para poder sobrevivir, sino que moldeó un sentido político hacia la indiferencia a que los obligaba la necesidad.¹⁰¹

Mientras muchos médicos adhirieron voluntariamente a la causa del “tratamiento precoz”, otros fueron coaccionados para prescribirlo y participar en este oscuro “campo de experimentación y difusión de la crueldad social”¹⁰². Someter a los pacientes a investigaciones experimentales sin su consentimiento, prescribir el “kit covid” para posponer los ingresos o adelantar la liberación de camas prescribiendo “altas celestiales” (es decir, apagar equipos y administrar “cuidados paliativos”)¹⁰³ era un trabajo sucio necesario cerrar las cuentas de un puñado de proveedores de atención médica, en una sombría demostración de cómo la perversidad puede convertirse en un sistema de gestión.¹⁰⁴

Pronto se hace evidente que la calamidad verde-amarilla sirvió, en múltiples frentes, como un laboratorio avanzado para el manejo del colapso. Para lo que podría ser, según el general Edson Pujol, la misión más importante de su generación, el Ejército de Brasil multiplicó por cien la producción de cloroquina en sus instalaciones, luego de realizar una enorme compra de insumos.¹⁰⁵ En la batalla contra el virus, los mecanismos de defensa subjetiva representaron armas de defensa nacional en una operación que las Fuerzas Armadas admitieron que fue esencialmente psicológica: más que curar la enfermedad, dice un oficial del Ejército, se trataba de “llevar esperanza a millones de corazones afligidos ante el avance y los impactos de la enfermedad en Brasil y en el mundo”.¹⁰⁶

Que el esfuerzo bélico que exige la pandemia escaparía a los estándares del combate convencional, siempre ha sido evidente para la cadena de mando global en la lucha contra el nuevo virus: “más que una guerra, se trata de una guerrilla”, anunció un director de la Organización Mundial de la Salud, tempranamente, en marzo de 2020. La declaración hace eco del paradigma del conflicto irregular que ha guiado por mucho tiempo ya los manuales militares, atentos a la multiplicación de disputas asimétricas y fragmentadas, en las que no es posible distinguir claramente las fuerzas en confrontación como en el modelo clásico de “dos ejércitos nacionales, uno contra el otro”. Y la pérdida de la forma de la guerra contemporánea – que asume cada vez más un “carácter informal, dinámico, flexible”, como explica un coronel brasileño¹⁰⁷ – quizás no sea ajena a la pérdida de la forma del trabajo, sino un indicio de que la frontera misma entre la guerra y el trabajo se esfumó…

Una nueva moda en las academias militares de todo el mundo, la jerga de la “guerra híbrida” describe la alternancia entre las operaciones de combate militar – abiertas o encubiertas, realizadas por fuerzas de terceros – y la participación de multitudes civiles en las redes sociales y en las calles, como la que tuvo lugar durante la última década en Siria o Ucrania.¹⁰⁸ Es curioso que otra combinación de gestión algorítmica de multitudes y coerción directa ejercida por operadores subcontratados describa el régimen de trabajo de algunos repartidores de aplicaciones. Entre software y capataces, ¿descubrimos una gestión “híbrida” del trabajo?

No son menos “híbridos” los contornos que la administración de territorios y poblaciones cada vez más ingobernables vienen asumiendo por estos lados: es difícil distinguir a los insurgentes de las fuerzas del orden, y gobernar se confunde con demoler. En su exitosa operación de garantizar la ley y el orden en un país colapsado, el gobierno federal contó con una inmensa red de difusión del “tratamiento precoz”, con movimientos sociales por la reapertura de comercios, iglesias y escuelas, y con donaciones comunitarias y empresariales para los más vulnerables, sin prescindir nunca, sin embargo, del poder de fuego de los escuadrones oficiales y no oficiales: la policía brasileña estableció un nuevo récord de letalidad en el primer año de la pandemia.¹⁰⁹

Al final, el temor que había llevado al Congreso a abogar por un programa de ingreso básico de emergencia mayor y más amplio que cualquier otro programa de su tipo en el país ya no se justificaba: la capacidad de la población para “arreglárselas en situaciones de crisis”¹¹⁰ transformó el devastado escenario en la “nueva normalidad”, a pesar de los ingresos laborales en caída libre, de la alta inflación y un aumento vertiginoso del hambre.¹¹¹ Ante eso, el pago del ingreso de emergencia se reanudaría tras meses de incertidumbre, a niveles más “realistas” – con alcance reducido y valores más bajos –, y finalmente sustituido por una renovación del Bolsa Familia y líneas de crédito especiales.¹¹² Recalibrada, la política de transferencia de ingresos sigue funcionando como el “capital de trabajo” de la viração (donde por definición es imposible separar lo que es dinero “de caja del que es dinero de casa”¹¹³) en el arsenal de esta movilización total por el trabajo

Incluso al margen de los riesgos de la primera línea, la experiencia del confinamiento en casa – en régimen de teletrabajo, asistiendo a clases a distancia, sin trabajo, o entonces monetizando su rendimiento como gamer – no escapó al esfuerzo de guerra. Por un lado, el aislamiento social profundizó la histórica escisión entre los contingentes calificados y los demás trabajadores, ya que la seguridad del home office no era una opción para más del 80% de la población ocupada.¹¹⁴ Por otro lado, la improvisación de la oficina o la sala de clases en casa, con costos que antes habrían sido asumidos por los empleadores, indica que las características de la informalidad han atravesado todos los estratos de la fuerza de trabajo. Desde resistencias silenciosas al régimen de vigilancia y sobrecarga de la enseñanza a distancia¹¹⁵ hasta los insólitos paros de streamers¹¹⁶, las tensiones de este teletrabajo sin forma tras cuatro paredes también produjeron conflictos a lo largo de la pandemia. La frontera entre el trabajo y el descanso se ha desdibujado, la vida en cuarentena está presionada por una demanda incesante de mantenerse productivo – entre cursos en línea para mejorar el curriculum vitae y ejercicios físicos para mantenerse en forma – “en una mezcla de ritmo de matadero con lives sobre los desafíos de la crianza de los hijos y enseñanzas sobre ‘cómo vivir solo y ser feliz’”¹¹⁷.

En la calle o en casa, quien va por la vida como en una guerra, “trabajando al compás de la muerte” – sucumbiendo un poco cada día – ya está medio muerto. Y “no hay forma de encerrar a los muertos vivientes: cruzan barreras, no les importa volver a morir”¹¹⁸. Pero el apocalipsis zombie, en la cosmología de Hollywood, es también la imagen de la insurrección.¹¹⁹

Abandoné toda la esperanza

En las mismas semanas en que se difundió la convocatoria a un nuevo paro nacional de camioneros, previsto para el 1 de febrero de 2021, circuló en los grupos de WhatsApp un video de un conductor que se había ahorcado junto a su vehículo, en un árbol al costado de la carretera. El escenario se compartió con mensajes de luto y alerta de la desesperada situación de los transportistas autónomos, atrapados entre las bajas tarifas de los fletes y los sucesivos aumentos de los costos de las carreteras, especialmente del combustible. A pesar de eso, el movimiento no fue tan fuerte como el paro de mayo de 2018, cuando los suministros de todo el país fueron asfixiados en pocos días y el gobierno, aterrorizado, ofreció un alivio inmediato, con medidas que perderían efecto en los años siguientes.¹²⁰ Sin la amplia – y ambigua – composición de la movilización anterior, que involucraba a conductores con vehículos propios, dueños de pequeñas flotas y grandes empresas de transporte, la efervescencia de principios de 2021 se limitó a iniciativas dispersas de camioneros autónomos, que intentaron bloquear secciones de carreteras en varios estados, pero fueron rápidamente desarticulados por la policía de caminos.¹²¹

Aunque el paro no despegó en las carreteras, el malestar se extendió a los trabajadores que también dependen directamente del combustible para ganarse la vida en las ciudades. Entre febrero y abril, manifestaciones de motoboys, choferes de app y furgonetas escolares, además de nuevas protestas de camioneros, ocurrieron casi a diario en todo Brasil, dando contornos insurreccionales a calles con circulación reducida por el pico de la segunda ola del coronavirus en el país. Este movimiento de trabajadores motorizados bloqueó las carreteras y los centros de distribución de Petrobras; copo gasolineras, con la táctica de cargar solo 1 real de gasolina, para armar largas filas y dañar a los revendedores; reavivó la organización de protestas y paros de repartidores; e impulsó la mayor caravana de conductores de aplicaciones de pasajeros en la historia de São Paulo, que bloqueó el acceso al Aeropuerto Internacional de Guarulhos durante una noche entera para exigir el fin de las modalidades de carreras mal pagadas.¹²²

En la era de la uberización, la inflación – que tradicionalmente se traducía en demandas en torno al costo de la vida – provoca, en primer lugar, movilizaciones dirigidas al costo laboral, es decir, luchas para “poder trabajar”. La reproducción de la fuerza de trabajo se transforma en autogestión de la microempresa, de ahí el frecuente acercamiento entre las protestas contra los altos precios de los combustibles y las campañas anti-confinamiento de los comerciantes en los primeros meses del año. Para muchos, los paros eran el último recurso antes de abandonar la pelea y entregar las armas, o mejor dicho, antes de devolver el coche a la empresa de alquiler (en algunas ciudades, asociaciones de conductores de apps estiman que más de la mitad de los registrados en las plataformas desistieron de continuar rodando a lo largo de 2021).¹²³

Entre la creciente inviabilidad financiera del autoempleo, por un lado, y el colapso del empleo formal, por el otro, no hay adónde huir. La única alternativa es continuar en la carrera sin fin, arreglándoselas en condiciones cada vez más adversas. Este sentimiento de estar confinado a un trabajo agotador y sin futuro se repite en el otro lado del mundo, sintetizado por la palabra de moda entre los usuarios chinos de las redes sociales “para describir los males de sus vidas modernas”: nèijuǎn (内卷).¹²⁴ Antes de convertirse en moda en el país más poblado del mundo, a mediados de 2020, el término fue utilizado por académicos para traducir el concepto de “involución”, una dinámica de estancamiento de las sociedades agrarias – pero también de las grandes ciudades en la periferia del capitalismo global – en el que la intensificación del trabajo no se refleja en modernización.¹²⁵ “Compuesta por los caracteres ‘dentro’ (内) y ‘rollo’’ o ‘arrollar’ (卷)”, la expresión puede ser “intuitivamente entendida como algo en el sentido de ‘volverse hacia adentro’”.¹²⁶ Mientras que “desarrollo”, en español, lleva la imagen de un despliegue hacia afuera, hacia algo, nèijuǎn sugiere un tornillo que gira falsamente sobre sí mismo. Un movimiento incesante, pero sin salir del lugar. – ¿No es ese, después de todo, el eterno arreglárselas de cada día? Haciéndose eco de la desesperación de la experiencia cotidiana de estudiantes y trabajadores en las metrópolis chinas, el término

condensa la sensación de estar atrapado en un ciclo miserable de trabajo agotador que nunca es suficiente para alcanzar la felicidad o mejoras duraderas, del que nadie puede salir sin caer en desgracia. Lo sienten cuando se quejan de que la vida parece una competencia interminable sin ganadores, y sueñan con el día en que finalmente ganarán. Pero ese día nunca llega. Las deudas se acumulan, las solicitudes de ayuda se ignoran y las opciones restantes comienzan a disminuir. En una época de involución, cuando incluso las reformas más pequeñas parecen imposibles, todo lo que queda son medidas desesperadas.¹²⁷

Si algo de esta desesperación atraviesa los movimientos de los conductores autónomos en Brasil, adquiere rasgos aún más dramáticos en las calles y carreteras chinas. En enero de 2021, un repartidor cuya aplicación se negó a pagar lo que debía se prendió fuego frente a su estación de entrega en Taizhou. En abril, un camionero, cuyo vehículo fue incautado por la policía por llevar sobrepeso, en Tangshan, tomó una botella de pesticida y envió un mensaje de despedida a sus compañeros de reparto en las redes sociales. En el mismo mes en que un anciano en silla de ruedas de São Caetano do Sul se amarró al cuerpo explosivos falsos y amenazó con enviar una agencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social por los aires si no tenía acceso a su pensión de invalidez,¹²⁸ un residente de una aldea en el distrito de Panyu, en el sur de China, donde el Estado había expropiado las tierras colectivas para venderlas a empresas turísticas, tomó una decisión drástica en el edificio del gobierno local: con bombas reales, se explotó y mató a cinco empleados. Despedido a principios de julio, un albañil invadió la casa del ex patrón en el litoral de Santa Catarina, mantuvo como rehenes a su familia durante diez horas y terminó siendo asesinado por la policía cuando los liberó.¹²⁹ Y la pandemia representaría aún más presión y desesperación, como se evidencia en el caso del hombre que arrojó su automóvil en la recepción de una sala de emergencia pública abarrotada en la región metropolitana de Natal, luego de que se negara la atención a su esposa, contagiada con covid.¹³⁰

Cuando un policía militar de Bahía abandonó su puesto y condujo solo durante más de 250 kilómetros hasta Farol da Barra, un punto turístico de Salvador, donde disparó al aire con un rifle, en medio de gritos contra la violación de la “dignidad” y el “honor del trabajador”, su estallido fue celebrado en las redes anticonfinamiento como un gesto heroico contra las “órdenes ilegales” de los gobernadores.¹³¹ El fin trágico del soldado, muerto en un tiroteo con sus colegas, fue usado por diputados de extrema derecha para incitar un motín en la tropa. La caravana policial que salió del lugar al día siguiente, sin embargo, encontró el tránsito congestionado por otra manifestación: eran los motoboys que denunciaban la muerte de un repartidor atropellado por un conductor ebrio la noche anterior. Unidos accidentalmente en el luto por los compañeros caídos en una guerra social sin forma definida, los actos convergieron hacia la sede del gobierno estatal.¹³²

Al mismo tiempo que agudiza la crisis, o más bien, ensancha la cloaca en la que luchamos desde hace décadas sin salir del lugar, la política de tierra arrasada de Bolsonaro le permite movilizar la desesperación, en embestidas suicidas, bajo la promesa de una decisión¹³³ – de un “golpe final”¹³⁴. Por mucho que el descontento por el aumento de los precios de los combustibles haya arañado el apoyo del presidente en una de sus principales “bases” (los camioneros), el bolsonarismo siguió siendo la principal fuerza política con cierta capacidad para disputar la convulsión social de estos tiempos apocalípticos, actuando para conformar las más diversas insatisfacciones en una “revuelta dentro del orden”¹³⁵, desviándolas para atacar sus adversarios de ocasión dentro de las instituciones – ya sean alcaldes, gobernadores, el poder judicial, los medios de comunicación, la vacuna o la urna electrónica – o simplemente mimetizando luchas concretas en rituales estéticos, como sus paseos en moto de los domingos.

En el punto álgido de ese torbellino, el Supremo Tribunal Federal volvió a traer al tablero una pieza decisiva que los mismos jueces habían eliminado del juego unos años antes. Al anular las condenas de Lula y permitirle presentarse a las elecciones, la decisión indica que tal vez no sea posible contener los ataques de la insurgencia bolsonarista sin recurrir al comandante de la gran operación de pacificación que se llevó a cabo casi sin oposición hasta el sismo de junio de 2013, nutriendo esperanzas de que todo vuelva a funcionar como antes. Cabe preguntarse, sin embargo, “¿qué tecnología tendrá a mano para apaciguar” a una masa urbana en acelerada trayectoria de “proletarización a la baja” en medio de la actual escalada de la guerra social?¹³⁶ Por más que la maniobra del Poder Judicial reviva en la izquierda la vana esperanza de restaurar los derechos desmantelados, los artífices del programa económico del PT para 2022 no solo reconocen la pérdida de la forma del trabajo, sino que también se unen a los ejecutivos de iFood para “sacar a los trabajadores de plataformas digitales del limbo regulatorio”¹³⁷, lo que “no quiere decir encajar en la vieja CLT, pero tampoco es para dejarlo como está hoy.”¹³⁸

“Un nuevo gobierno de Lula significará, en el mejor de los casos, que la gente podrá seguir trabajando con Uber”,¹³⁹ con la regulación de la “asociación” entre app y conductores y más “seguridad jurídica” para las empresas. Y, aunque el régimen incendiario provocado por Bolsonaro proporciona un terreno fértil para la expansión de sus negocios, las foodtech brasileñas tampoco prescinden de la experiencia de diálogo y mediación de conflictos acumulada en el país durante los gobiernos “democrático-populares”. Para minimizar el impacto negativo de los paros en su marca, iFood – que, por cierto, celebra “objetivos de diversidad e inclusión racial y de género” dentro de sus oficinas¹⁴⁰ – ha estado reclutando personal forjado en ONGs y proyectos sociales en las periferias urbanas para apaciguar la rebelión de sus “socios” motorizados.¹⁴¹ A lo largo de 2021, los motoboys involucrados en huelgas en todo el país fueron abordados por un “community manager” contratado por la empresa no precisamente para responder reclamos, sino para dialogar, anunciando la construcción de un “Foro de Repartidores”¹⁴² con influencers digitales del gremio y supuestos líderes de huelgas, al mejor estilo de las conferencias participativas del Brasil de antaño.

El regreso del ex metalúrgico al Palacio de la Alvorada debe representar no un momento de reconstrucción nacional, sino la oportunidad de enterrar los destrozos y consolidar los nuevos terrenos de acumulación en el país, en una normalización del desastre con sabor a victoria – y por eso mismo “más perfecto de lo que sería posible bajo cualquier político conservador”.¹⁴³ La expectativa por las elecciones de 2022 profundiza así el estado de espera de grandes partidos y pequeños colectivos de izquierda, que durante la pandemia encontraron en el imperativo del aislamiento social una justificación para su cuarentena política. Al encarnar la defensa de las recomendaciones sanitarias, la izquierda en general se ha conformado a la realidad del home office, en una espera paralizante de bajas expectativas: la espera del conteo diario de muertos, esperando la caída de la curva de contaminación; la espera de la llegada de las vacunas a Brasil, seguido de la espera – y disputa¹⁴⁴ – por un lugar en la cola; la espera del fin del “gobierno de Bozo”, animada por cada nuevo impasse con el Supremo Tribunal Federal o testimonio en la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el covid; en suma, la espera a que pase lo peor y que todo sea menos peor, como antes. Con la mejora en los indicadores de la pandemia, a mediados de 2021, esta esperanza inerte salió de casa y se convirtió en fotografía aérea en las avenidas. Sin embargo, si las manifestaciones contra Bolsonaro demostraron la magnitud del rechazo al presidente en las principales ciudades del país, también dejaron patente la impotencia de esta oposición. Luego de congregar a cientos de miles de personas, los actos fueron desvaneciéndose paulatinamente, al entrar en el tiempo de espera de las entidades organizadoras.

El letargo de la izquierda contrasta con la insurgencia de la extrema derecha, que se alimenta de la movilización de quienes ya no tienen expectativas. Y si no es posible descartar por completo una victoria imprevista de Bolsonaro en las urnas, tampoco se puede despreciar las amenazas de ruptura del orden, siempre pospuestas, para conservar su militancia en una disposición casi paranoica mientras mantiene a la oposición a la defensiva, hipnotizada por la inminencia del golpe decisivo que nunca llega. La política permanece en trance, en una eterna preparación para un conflicto interminable que es, en sí mismo, una táctica de guerra en el arsenal de la gestión “híbrida” de territorios y poblaciones.

A pesar de contar solo con la multitud leal habitual, el ejercicio de movilización de tropas el feriado del 7 de septiembre fue menos un signo de impotencia¹⁴⁵ que un campo de pruebas. Al día siguiente, cuando las carreteras de quince estados del país fueron bloqueadas por camioneros – quienes, hasta entonces incapaces de sostener una movilización en torno al valor del flete y el combustible, mostraron considerable fuerza en apoyo al ataque estratégico del presidente contra las máquinas de voto electrónico y el Supremo Tribunal¹⁴⁶ –, el gobierno se vio obligado a reconocer que la convocatoria no fue más que un ensayo general, despertando la ira de muchos manifestantes y revelando un bolsonarismo que ya supera al propio Bolsonaro. Dentro o fuera del Estado, comandada por el capitán o no, “la revolución que estamos viviendo”¹⁴⁷ – y que “repone la violencia, entendida como el uso de la fuerza armada, como recurso político fundamental” – se sentirá para muchos más allá de 2022, como anuncian las escenas casi surrealistas del asalto al Capitolio y otras legislaturas estatales tras la derrota de Donald Trump en Estados Unidos.¹⁴⁸

Programado para el 11 de septiembre, un nuevo paro nacional de repartidores de aplicaciones llegó a ser confundido con la noticia del paro de camioneros – menos por el apoyo al presidente que por el significado de que el último gran paro de esa otra categoría central del sector logístico adquirió en el imaginario de los motoboys.¹⁴⁹ Sin la misma repercusión que el Freno de las Apps del año anterior, el paro de 2021 se prolongó, aquí y allá, más allá de la fecha prevista. En una distribuidora de bebidas de la aplicación Zé Delivery, en el sur de la ciudad de São Paulo, los motoboys decidieron iniciar la huelga dos días antes para cobrar los pagos atrasados.¹⁵⁰ Y en São José dos Campos, en el interior de São Paulo, los repartidores continuaron parados los 5 días siguientes, en la huelga de aplicaciones más larga en la historia del país hasta aquél momento.¹⁵¹

Inspirados en un video en el que motoboys capitalinos escenifican paso a paso “cómo trabar un centro comercial”,¹⁵² repartidores del quinto municipio más grande del estado se dividieron en pequeños grupos para bloquear los grandes establecimientos de la ciudad, mientras otros circulaban por las calles para interceptar rompehuelgas, además de distribuir agua y alimentos. Todas las noches, se reunían todos en una plaza para discutir la dirección del movimiento y votar sobre la continuación del paro. Mientras una aplicación más pequeña, que acababa de llegar a la ciudad, cedió ante la presión anunciando un aumento en las tarifas, iFood organizaba una contraofensiva y prometía una reunión con los líderes locales, a través de uno de sus “organizadores comunitarios”. La noticia de que la mayor plataforma de comida a domicilio de América Latina había abierto una negociación – por limitada que fuera – ante la heroica persistencia de los “trescientos de São José dos Campos”, como retrataban los memes en las redes de motoboys, dio a esa derrota el sabor de la victoria y la convirtió en un ejemplo para el entorno. En las semanas siguientes, el interior de São Paulo fue asolado por una secuencia no coordinada de paros, que durarían varios días en Jundiaí, Paulínia, Bauru, Rio Claro, São Carlos y Atibaia.¹⁵³

En los momentos de tensión que marcaron el final de la movilización en São José dos Campos, sin embargo, las promesas de diálogo se combinaron con otra negociación de iFood con restauradores y operadores logísticos locales que, en tono amenazante, enviaron el mensaje a los motoboys diciéndoles que la continuidad del movimiento podría conducir a “actos de violencia” en la ciudad.¹⁵⁴ Al recurrir a la vez a estrategias de desmovilización participativa y milicianas, la mayor aplicación de repartos brasileña da indicaciones sobre el futuro del país entre Lula y Bolsonaro – o simplemente nos recuerda que los sindicalistas al servicio del patrón, los carneros y los matones siempre se han cruzado en la zona gris de los intermediarios populares.¹⁵⁵

Lucha de clases sin forma

En los primeros días de marzo de 2019, los pasajeros encontraron boleterías cerradas en varias estaciones del metro de São Paulo. No fue para nada extraño, ya que los dolores de cabeza con el sistema de recarga de tarjetas son parte de la rutina de quienes utilizan el transporte público en la ciudad. Lo que parecía más un problema técnico desde el exterior de las cabinas era, sin embargo, un movimiento invisible de los vendedores de boletos subcontratados contra los descuentos ilegales en los salarios, entre otros dispositivos ilícitos utilizados con frecuencia por el proveedor de servicios para reducir sus gastos de personal.¹⁵⁶ “Explorando el límite ambiguo entre la precariedad del sistema, que ya es normalmente disfuncional, el estancamiento (…) y el ‘paro parcial’ de facto”, los trabajadores subcontratados realizaron una huelga intermitente en la que se sucedieron las interrupciones y los retornos al trabajo “en varias boleterías, según las oportunidades, la fuerza del momento”, y sin aparente coordinación.¹⁵⁷ A un paso de distancia, el conflicto pasó casi desapercibido a los ojos de la mayoría de los trabajadores permanentes del metro, conocidos por su intensa actividad gremial. Además de exponer el abismo abierto por la tercerización dentro del mismo espacio de trabajo, la dificultad de reconocer esa huelga, completamente fuera del rito oficial – sin principio ni fin definido, sin anuncio claro, sin reuniones ni negociaciones formales – es una señal de la pérdida de forma de conflicto social en el mundo del trabajo sin formas.¹⁵⁸

Al igual que la movilización clandestina en la boletería, innumerables paros de reparto estallan y se deshacen sin contornos precisos, en los espacios de sombra frente al trabajo difuso que mueve la logística urbana: estacionamientos de centros comerciales, amontonamiento de motos, centros de distribución, dark kitchens y dark stores¹⁵⁹, además de los entornos virtuales. Si entre los contratistas del metro la insubordinación oscilaba de una estación a otra según los desfases y la presión del momento, entre los motoboys es común que el conflicto salte de tienda en tienda, de un barrio a otro, o de ciudad en ciudad de forma discontinua e impredecible: mientras los primeros huelguistas llegan al límite de fuerzas y recursos, un nuevo grupo anuncia un freno en otra esquina, contagiados de vídeos y relatos que se difunden en tiempo real.

Cuando la alta rotación laboral es la regla, las luchas también se vuelven altamente rotativas: dentro de la misma ciudad, es común que los repartidores de la “primera línea” de una protesta no hayan participado en movimientos anteriores. Y si un proceso consistente de cooptación de líderes es difícil, la dinámica centrífuga de las luchas también desafía cualquier esfuerzo por organizar el movimiento. Los grupos de WhatsApp aparecen y son abandonados con cada movilización, los trabajadores se juntan y dispersan con la misma volatilidad con que se interrumpe una conversación en la vereda cuando se escucha un nuevo pedido: como moléculas de gas que se condensan en el momento de una tormenta, es solo en el momento de la confrontación que toma forma el proletariado en nube.

“Una ‘base’ que sólo existe en un proceso de confrontación”, que “se disuelve en cuanto decae la acción”, “no está disponible para ser manejada”.¹⁶⁰ Incluso los líderes que emergen públicamente, lejos de dirigir un contingente cohesionado de motoboys, tienen, como mucho, una red difusa de seguidores, también en la nube. Para los youtubers e influencers vinculados al movimiento, menos líderes que “cuentapropistas políticos”¹⁶¹, el compromiso con la causa suele confundirse con una carrera personal. Ganar la lucha no está disociado de ganar con la lucha, lo que puede significar desde monetizar videos hasta colaborar en acciones de marketing, pasando por la invitación a convertirse en propietario o gerente de un operador logístico. La ambigüedad, que describe una zona de indistinción entre acción política y trabajo, ya está contenida en cierta medida en el vocabulario actual de los repartidores: ser “guerrero” o “ir a luchar” son expresiones que pueden referirse tanto al conflicto contra el aplicación, así como a la guerra de baja intensidad que se vive en el día a día sobre dos ruedas.¹⁶² La profusión de candidaturas de conductores de apps en las elecciones municipales de 2020,¹⁶³ en su mayoría por leyendas fisiológicas y de derecha, representa mucho más una forma de ascenso individual que la táctica deliberada de un movimiento sectorial articulado, que no existe.

Hoy, las estructuras organizativas solo perduran fuera del conflicto en la medida en que pasan a operar como engranajes del propio trabajo, como es el caso de las diversas asociaciones profesionales, sindicatos y cooperativas que funcionan, para los repartidores, como canales de inserción en el mercado laboral – y también el caso de los grandes movimientos sociales de hace décadas, que ahora subsisten como mediadores del acceso a los programas de gobierno y al mercado. Basta recordar el último éxito del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el sector financiero, una asociación con grandes grupos empresariales para recaudar fondos para siete cooperativas de asentamientos agrarios – entre las que se encuentran algunas de las mayores productoras de alimentos orgánicos del continente¹⁶⁴ –, emitiendo títulos de valores disponibles para “pequeños y medianos inversionistas” en una plataforma en línea.¹⁶⁵ Ante la insuficiencia y el desmantelamiento de las políticas de promoción de la llamada “agricultura familiar”, el MST recurrió directamente al mercado, en una operación que recaudó más de 17 millones de reales, sin la mediación de programas gubernamentales, en línea con la creciente valorización (y cuantificación) del “impacto social” de las inversiones en todo el mundo.¹⁶⁶

Por cierto, hace tiempo que ciertos movimientos sociales migraron a la nube. A lo largo de la década de 2000, los desafíos de gestionar campamentos con cientos de familias en la periferia, atravesados ​​por disputas con poderes territoriales competidores y siempre al borde del desalojo, hicieron que cada vez más movimientos por vivienda – especialmente el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) – reconozcan las ocupaciones como un momento necesariamente provisional y adopten, como estructura permanente, un amplio registro de familias. Mientras otras organizaciones constituían una base cobrando renta a los inmuebles ocupados, el MTST amplió sus filas exigiendo compromiso en lugar de dinero: la participación en asambleas y marchas otorga puntos que condicionan el acceso a los planes sociales negociados con el gobierno, y el puntaje de cada la familia dicta la clasificación de la lista de espera para la casa prometida.¹⁶⁷ En resumen, el “trabajo de base” dio paso al trabajo de la base. Con un núcleo tecnológico pionero, el movimiento digitalizó parte de esta logística interna de las ocupaciones y manifestaciones en una app y, más recientemente, lanzó la campaña “Contrata a los que luchan”, que cuenta con un bot de WhatsApp capaz de conectar a las personas sin techo registradas con los clientes en la búsqueda de una serie de servicios.¹⁶⁸

Si “se ha desdibujado la frontera entre las formas de asociación dirigidas a la lucha colectiva y las destinadas a comprometer aún más al trabajador en la explotación”,¹⁶⁹ no es extraño que los conflictos de nuestro tiempo se produzcan fuera de las organizaciones consolidadas, o incluso contra ellas, pero sin construir ninguna estructura en su lugar. La mayor ola de huelgas en la historia del país, de 2011 a 2018 – y no en la década de 1980, como se podría suponer – tiene tan poco que ver con el ciclo de luchas que marcó el fin de la dictadura que la comparación se vuelve casi fuera de lugar.¹⁷⁰ Cuando resurgió en nichos fordistas relativamente estables hace cuarenta años, el sindicalismo aún nutrió un horizonte de expansión de conquistas, en el que se forjaron nuevas e importantes organizaciones de masas, integradas en el esfuerzo general de “construcción de la democracia” – mantra que, de allá para acá, se disiparía “en un presente perpetuo de trabajo redoblado”¹⁷¹. En la última década, las huelgas comenzaron a “ocurrir, cada vez más, en el ámbito de las reacciones inmediatas, urgentes”: por el pago de salarios atrasados ​​y el cumplimiento de la legislación, contra el cierre de unidades y despidos masivos, entre otras demandas “defensivas”.¹⁷² Llevadas adelante a disgusto de los sindicatos y a menudo hostiles a sus representantes, tales movimientos a veces adquirieron características insurreccionales, como las rebeliones en los grandes sitios de construcción del Programa de Aceleración del Crecimiento¹⁷³ o los paros salvajes de los conductores de autobuses fuera de los garajes en las vísperas de la Copa del Mundo¹⁷⁴.

A pesar de su escala sin precedentes, la avalancha de huelgas de la década de 2010 no dejó lugar para ninguna “acumulación de fuerzas”, ni aquí ni en China. Contrariamente a lo que pudiera imaginarse, la situación fue similar en el corazón industrial del planeta, atravesado por una ola de disturbios obreros en el mismo período. Sin canales oficiales de representación, las huelgas dispersas y violentas que se multiplicaron en las fábricas chinas terminaron siendo “incapaces de construir una organización duradera y de articular demandas políticas”.¹⁷⁵ Con aires de “saqueo” la huelga aparece como un momento de “conseguir todo lo que fuese posible” a cambio de la insoportable cotidianidad en los distritos industriales: “recuperar salarios, primas de vacaciones y beneficios no pagados, o simplemente vengarse de los gerentes que cometieron acoso sexual, de los patrones que pagaron a los matones para que golpearan a los trabajadores en lucha, etc.”¹⁷⁶ Otras veces, los trabajadores “simplemente tomaron el dinero y se fueron”: “levantar el balde” y abandonar los alojamientos, para usar la expresión típica de los trabajadores migrantes chinos que recientemente se volvió viral junto con videos críticos a la vida en las fábricas.¹⁷⁷

Sin el viejo “horizonte de ‘conquistas’ por acumular, en una perspectiva más amplia de integración progresiva”, lo que resta para las luchas de nuestro tiempo es retroceder o escalar de inmediato, “asumiendo formas insurreccionales sin mediación alguna (sin antes y después)”.¹⁷⁸ Por eso las protestas contra el aumento de las tarifas del transporte se conviertan, en pocos días, en terremotos en las calles de Brasil o Chile; que la violencia policial incendie ciudades en Grecia, Estados Unidos o Nigeria; que un aumento de los combustibles paralice Ecuador, Francia, Irán o Kazajstán. Si bien las demandas iniciales dan contornos mínimos a estos levantamientos, su explosión tiende a extrapolarlos y diluirlos en una revuelta generalizada contra el orden – que termina traduciéndose en muchos casos, de manera imprecisa, en una revuelta “contra el gobierno”.¹⁷⁹

Tan intensos como discontinuos, sin asumir jamás formas estables, los conflictos que proliferan de un extremo al otro del globo pueden ser descritos como “no movimientos sociales”.¹⁸⁰ Surgida en los debates de ciertos círculos militantes, la expresión resulta útil en un contexto de “lucha de clases sin organización de clase”,¹⁸¹ cada vez más atomizada, cuya propagación pasa menos por estructuras centralizadas que por acciones que se replican de manera dispersa. Los no-movimientos se expanden a través de gestos que pueden ser “copiados e imitados, acumulando instancias de repetición”¹⁸² y ramificándose como memes en internet – pero en las calles, en una dinámica que se retroalimenta en las redes. Es el caso del Freno de las Apps, que no fue una organización ni una campaña planificada, sino un gesto replicable difundido a través de videos que seguían el mismo guión. Y también los paros en el sector del telemarketing a poco de la llegada del nuevo coronavirus aquí; el bloqueo de decenas de rotondas por peatones con chalecos reflectantes amarillos en Francia; de las “evasiones” estudiantiles y la “primera línea” en las protestas chilenas… A través de la multiplicación de estos actos descentralizados, los conflictos adquieren escala sin adquirir una forma estable (cuando la forma es fija, el meme pierde fuerza y ​​corre el riesgo de convertirse en marca, en una imagen vacía de contenido, en una estetización de la revuelta).¹⁸³

Presionados por disturbios difusos y sin interlocutores con los que negociar, los gobiernos y empresas de todo el mundo tienen el desafío de “responder unilateral y racionalmente a una insurgencia ‘irracional’”¹⁸⁴. La formalización de los no-movimientos – es decir, su traducción a una gramática legible para las instituciones – aparece aquí como condición previa para su neutralización e incorporación. Sin embargo, aun cuando las revueltas resultan victoriosas en sus reivindicaciones inmediatas, la vuelta a la normalidad suele acarrear la sensación de que nada ha mejorado, o incluso de que la situación ha empeorado. La incapacidad del Estado para absorber por completo la energía de la contestación deja una insatisfacción latente, que puede revertir el impulso original – ¿no era esto, después de todo, la continuidad entre la revuelta de junio de 2013 y la insurgencia bolsonarista?¹⁸⁵ Desde políticos que asumen abiertamente la violencia social hasta la degradación en guerras civiles de hecho, los no-movimientos a menudo acaban acelerando la tendencia destructiva de la propia crisis.¹⁸⁶ Movilizaciones intensas y agotadoras que, sin embargo, no logran salir de se lugar: ¿están los conflictos de nuestro tiempo también atrapados en el ciclo infernal del nèijuǎn?

En las paredes calcinadas de las estaciones de metro de un Hong Kong sublevado, frases como “prefiero ser cenizas que polvo” o “si nos quemamos, tú te quemas con nosotros” condensaban una imagen certera no sólo del callejón sin salida al que se enfrentaban los amotinados de esa ciudad, sino del clima asfixiante que pesa sobre las revueltas de nuestro tiempo.¹⁸⁷ Si hace poco sentido hablar de acumulación de fuerzas, “la ira ciertamente se acumula”,¹⁸⁸ y está siempre al borde del descenso a la violencia entre los propios desollados. Sin cambios significativos en las condiciones de trabajo, no es raro escuchar a los motoboys defender los paros laborales como una forma de al menos vengarse de las aplicaciones¹⁸⁹ – pero el odio colectivo puede volverse rápidamente contra un conductor en una pelea de tránsito o un ladrón de motocicletas atrapado en el acto y a punto de ser linchado. Con los mismos contornos vengativos y suicidas que los estallidos individuales de desesperación, los enfrentamientos a menudo se reducen a una escalada de violencia sin sentido.¹⁹⁰ Alguien necesita quedarse para barrer – como ocurrió a la mañana siguiente de la mayor manifestación de la historia de Chile, cuando los inmigrantes venezolanos se organizaron para limpiar voluntariamente las calles del centro de Santiago; o en Quito, en ese mismo octubre de 2019, donde la limpieza de las barricadas estuvo a cargo de una minga organizada por la Coordinación Nacional Indígena de Ecuador (CONAIE) tras el acuerdo que puso fin al levantamiento. Visto desde allí, los disturbios y rebeliones de las más variadas dimensiones se vuelven más un hecho rutinario de nuestra catastrófica cotidianidad.

Curiosamente, la expresión “no-movimientos” apareció por primera vez en la literatura sociológica para describir el “estado constante de inseguridad y movilización” de los sectores subalternos urbanos “cuyos medios de vida y reproducción sociocultural a menudo dependen del uso ilegal de los espacios públicos de la calle”, en un “larga guerra de desgaste” con las autoridades en las metrópolis del Medio Oriente contemporáneo.¹⁹¹ Nada más lejos del apuro de ambulantes o motoboys en las calles brasileñas, siempre listos para driblar un bloqueo policial o evadir inspecciones, no pagar el ticket de metro o cruzar la calle con el semáforo en rojo para safar: “esfuerzos dispersos”, individuales, cotidianos y continuos, que pueden involucrar “acciones colectivas cuando los ingresos están amenazados”¹⁹². Con una sola chispa, esta rutina desesperada de trabajo, que se mueve a cada momento entre la resistencia y el compromiso, puede romperse en una explosión desesperada – vale recordar que se trataba de la autoinmolación de un vendedor ambulante cuyo carro de frutas acababa de ser confiscado lo que sirvió de detonante para las protestas de 2011 en Túnez.

A la vuelta de las esquinas, entre “trabajos de mierda” y “trabajos” temporales – donde no hay nada prometedor a la vista excepto salir – la insubordinación irrumpe con la misma urgencia, la misma inmediatez de la producción just-in-time. Los conflictos estallan como un gesto desesperado, un grito de “vete a la mierda” en el que se mezclan “sufrimiento, frustración y revuelta”¹⁹³, muchas veces bajo la forma de un acto de revancha individual o, cuando mucho, colectivo. Al igual que la reciente ola de deserciones laborales en Estados Unidos¹⁹⁴ y en otras partes del mundo, la estampida de los call centers en los primeros días de la pandemia en Brasil fue una señal de rechazo a una rutina que, para hacer frente a la “normalidad” que se derrumba, se torna aún más infernal. Con cada nueva emergencia – sanitaria, ambiental, económica, social –, gira la tuerca de la intensificación del trabajo, todos integralmente movilizados en un esfuerzo interminable en el que sólo se forman “experiencias negativas”¹⁹⁵. Sin embargo, si los “no-movimientos” traen una buena noticia, es precisamente esta: “indican que el proletariado ya no tiene tareas románticas”¹⁹⁶, que no tiene nada que esperar y tampoco nada que perder.

Notas